A través del expediente
881/01, en septiembre de 2001, los ciudadanos Ricardo Cigarreta y Miguel
Fernández elevaron una nota a la entonces presidenta del HCD, Claudia Solino
(MUPP), dando a conocer “una situación que debe ser aclarada y sancionada”.
La
Municipalidad “ha promovido, por medio del apoderado Carlos
Oricchio, un juicio contra los antiguos dueños del dominio (la firma Ostende
SRL)”.
Luego,
“concurrimos al Juzgado de Paz Letrado, y, con fastidio, comprobamos que el
letrado había presentado un escrito donde manifestaba que se había convenido y
que le habíamos abonado en concepto de honorarios la suma de $140,00 (en vez de
$248,81). Y, sobre ese importe, se efectuaban los aportes”. Es decir, “el
letrado declara que pagamos $140,00 y efectúa aportes de $14,00 a
la Caja de
Abogados y, en concepto de ingresos brutos, en lugar de tributar $9,96, tributa
la suma de $4,90. La tasa de Justicia que se nos cobra sobre $1.787,97, o sea
$39,34, la abona en el expediente sobre el monto de la demanda, o sea,
$32,10”.
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